24 DE MARZO: DIA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA
JUSTICIA
Terrorismo de Estado
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas
Armadas dieron un nuevo golpe de Estado en la Argentina. Derrocaron a María
Estela Martínez, presidenta constitucional desde julio de 1974 tras la muerte
de su esposo y presidente, Juan Domingo Perón, con quien en 1973 había
compartido la fórmula en calidad de vicepresidenta. Así la Junta Militar se
erigió como máxima autoridad del Estado atribuyéndose la capacidad de fijar las
directivas generales del gobierno, y designar y reemplazar a la presidenta y a
todos los otros funcionarios. El golpe fue recibido con aceptación, pasividad,
indiferencia y hasta naturalidad por amplios sectores de la sociedad, ya que
estos no eran una novedad en la historia nacional: se trataba del sexto golpe
militar en el siglo, pero éste tendría características inéditas. La violencia
política ejercida desde el Estado contra todo actor que fuera considerado una
amenaza o desafiara al poder fue una característica recurrente en la historia
argentina. Sin embargo, la expresión “terrorismo de Estado” sólo se utiliza
para hacer referencia al último de ellos.
Dictadura y sociedad
Un episodio tan grave como
deponer a un gobierno elegido de manera constitucional difícilmente pueda
concretarse por la acción de un único actor social –por ejemplo, las Fuerzas
Armadas–, sino que requiere de un conjunto de avales y alianzas sociales
sólidas. No hay golpe de Estado sin algún tipo de apoyo civil y el golpe de
1976 no fue la excepción. No obstante, tampoco se puede sostener que la
sociedad civil en su conjunto brindó su apoyo a la iniciativa castrense.
Mientras que algunos sectores aceptaron de modos diversos la irrupción militar
–desde actitudes que iban del apoyo y la adhesión hasta la resignación–, otros
recurrieron a diversos mecanismos para evidenciar un temprano distanciamiento
desde la disidencia y la desobediencia hasta la franca oposición.
En el caso de la última
dictadura, muchísimos argentinos en el ámbito privado aceptaron el golpe como
una “solución” a la crisis de gobernabilidad que se había creado en los últimos
meses del gobierno de Isabel Perón. Seguramente bajo la idea –recurrente en el
siglo XX argentino– de que la única opción frente al fracaso del gobierno
constitucional consistía en confiar a los militares la tarea de recomposición
de la autoridad y el orden. Este consenso tácito, aunque extendido, es
diferente –conceptual y políticamente– de otro cuyo carácter, aunque más
acotado, fue explícito.
La censura
El proyecto de
disciplinamiento y reorganización de la sociedad durante la dictadura no se
limitó a la persecución, la represión y la desaparición de los cuerpos sino
que, como necesaria contracara del Estado terrorista, se produjo la persecución
de escritores, artistas, poetas, educadores, periodistas, intelectuales y la
censura de sus obras. Es decir, el accionar represivo abarcó también la
desaparición de bienes culturales y simbólicos.
Hubo quemas de libros (como los 80 mil ejemplares de la Biblioteca
Constancio Vigil en la provincia Santa Fe, o las 24 toneladas del Centro Editor
de América Latina que en junio de 1980 fueron incinerados en un baldío de
Sarandí, en la provincia de Buenos Aires). Se produjo la persecución
sistemática a escritores: algunos fueron desaparecidos (Héctor G. Oesterheld,
Rodolfo Walsh, Francisco “Paco” Urondo, Haroldo Conti, Susana “Pirí” Lugones,
entre otros); varios fueron encarcelados y/o empujados al exilio, interno o
externo (Antonio Di Benedetto, Ismael y David Viñas, Osvaldo Bayer, Juan
Gelman, Nicolás Casullo, Mempo Giardinelli, Leónidas Lamborghini, entre otros).
Fueron prohibidos o censurados libros infantiles con el objeto de resguardar
los valores “sagrados” como la familia, la religión o la patria. Por ejemplo el
libro de la escritora Elsa Bornemann, Un elefante ocupa mucho espacio o El
Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry Muchas personas, por miedo, realizaron quemas domésticas y
destruyeron en forma íntima y privada libros, películas, discos y revistas.
Medios masivos de
comunicación
La
dictadura dispuso de una estrategia sistemática para utilizar los medios
masivos de comunicación, tanto para la construcción y circulación del discurso
oficial como para silenciar cualquier mensaje o voz opositora. Como parte del
ejercicio conjunto del poder, las tres armas se repartieron el control de los
distintos canales de TV, en ese entonces públicos. Otro tanto sucedió con las
radios estatales. En función de alcanzar sus objetivos en la denominada “lucha
antisubversiva”, la dictadura persiguió a algunos medios. Intervino, expropió y
clausuró algunos diarios y revistas. Según los datos de la UTPBA (Unión de
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) ochenta trabajadores de prensa fueron
desaparecidos. Muchos más sufrieron la cárcel y el exilio. La dictadura, a su
vez, potenció la autocensura a través de la implementación del miedo y el
terror. Distintas investigaciones sobre el desempeño de la prensa gráfica
durante la dictadura permiten identificar tres tendencias oscilantes: una
primera caracterizada por la colaboración y el apoyo explícito a la dictadura
(la mayoría de los medios hegemónicos); una segunda tendencia, basada en la
omisión informativa y la autocensura sistemática; y una tercera muy
minoritaria, representada por aquellos medios que intentaron a través de
prácticas y estrategias diversas, restar consenso mediante operaciones críticas
o denuncias abiertas.
Algunas medidas de la dictadura
Suspende la actividad
política; disuelve el Congreso y los partidos políticos; suspende los derechos
de los trabajadores; interviene los sindicatos y prohíbe las huelgas;
interviene la CGT; destituye la Corte Suprema; suspende la vigencia del
estatuto del docente; clausura locales nocturnos; censura libros, revistas,
canciones y medios de comunicación.
Fuente: http://educacionymemoria.educ.ar/secundaria/index.html
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